Alcoholemia positiva: cuándo es multa y cuándo es delito
Alcoholemia positiva: cuándo es multa y cuándo es delito. Tasas, multas de 500 y 1.000 €, puntos, juicio rápido y retirada del carné, con el BOE en la mano.

Respuesta corta. Un positivo en alcoholemia es, como regla general, una infracción administrativa muy grave cuando la tasa supera el límite reglamentario: 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado para la mayoría de conductores y 0,15 para profesionales y para quien tiene el permiso desde hace menos de dos años. Si el conductor es menor de edad, el límite es cero. La multa ordinaria es de 500 euros y puede subir a 1.000 euros si la tasa supera el doble de la permitida o si ya hubo una sanción por alcohol en el año anterior; además se pierden 4 o 6 puntos según la tasa.
Pasa a ser delito en dos casos: cuando se conduce con más de 0,60 mg/l en aire (o más de 1,2 g/l en sangre), y también cuando, con una tasa menor, se conduce bajo la influencia del alcohol. El delito se castiga con prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y siempre con la privación del derecho a conducir durante más de un año y hasta cuatro. Negarse a hacer la prueba es un delito distinto, con prisión de seis meses a un año.
Lo que sigue explica cada pieza con el texto legal delante: qué decide la cifra, qué la matiza, qué ocurre en el control, qué significa un juicio rápido y qué pasa con el carné.
Por qué merece la pena entender la diferencia antes de firmar nada
Casi todo el mundo que da positivo hace la misma pregunta en el arcén: «¿esto es una multa o es un juicio?». La respuesta condiciona decisiones que se toman muy deprisa. Si es una multa, hay un plazo de veinte días para pagar con descuento, y pagar supone renunciar a defenderse. Si es un delito, puede llegar una citación al juzgado de guardia para el mismo día o para los siguientes, con la posibilidad de aceptar una condena reducida en ese momento.
Las dos cosas se mezclan con facilidad porque nacen del mismo papel. El agente que hace la prueba es el mismo, el etilómetro es el mismo y la cifra es la misma. Pero las normas que se aplican son distintas: por un lado la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación; por otro, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y las consecuencias también: la vía administrativa quita puntos y pone multas; la penal puede dejar antecedentes, retirar el carné durante años y, si la retirada supera los dos años, hacer que el permiso pierda su vigencia.
Entender en cuál de las dos estás, o si estás en las dos a la vez, es lo que permite no pagar una multa que no tocaba, no aceptar una conformidad sin saber qué se firma y no conducir sin darse cuenta con el permiso ya retirado, que es otro delito.
1. Dos vías que pueden abrirse con un mismo control
La primera idea que conviene fijar es que el control de alcoholemia no tiene un único desenlace posible. Con la misma tasa, dos personas pueden acabar en caminos distintos según las circunstancias, y una misma persona puede tener abiertos, al menos al principio, el expediente administrativo y la causa penal.
La vía administrativa: la Ley de Seguridad Vial
La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015) prohíbe circular con tasas de alcohol superiores a las que fija el reglamento (artículo 14.1) y obliga a todos los conductores a someterse a las pruebas de detección (artículo 14.2). Conducir por encima de la tasa es una infracción muy grave «cuando no sea constitutiva de delito» (artículo 77, letra c), y también lo es incumplir la obligación de someterse a las pruebas (letra d).
Esa coletilla, «cuando no sean constitutivas de delito», es la clave del sistema. La infracción administrativa existe precisamente para los casos que no llegan al Código Penal. Si los hechos son delito, manda la vía penal.
La vía penal: el Código Penal
El Código Penal dedica un capítulo a los delitos contra la seguridad vial. El que afecta a la alcoholemia es el artículo 379.2: castiga a quien conduce un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, «en todo caso», a quien conduce con más de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o más de 1,2 gramos por litro de sangre. El artículo 383 castiga a parte la negativa a hacer las pruebas.
Qué pasa cuando las dos vías coinciden
La ley ordena la relación entre ambas para que nadie sea sancionado dos veces por lo mismo. El artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial dispone que, cuando en un procedimiento sancionador aparezcan indicios de un delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo comunica al Ministerio Fiscal y suspende sus actuaciones. Después:
- si el proceso penal termina con sentencia condenatoria, el expediente administrativo se archiva sin declarar responsabilidad;
- si termina con absolución u otra resolución sin declaración de responsabilidad que no se base en que el hecho no existió, la Administración puede iniciar o continuar el procedimiento sancionador, respetando los hechos que el juez haya declarado probados.
En la práctica esto significa que un positivo alto puede empezar en el juzgado y, si el juicio no acaba en condena, volver a la mesa de Tráfico como infracción. Y significa también que, si hay condena penal, la multa de Tráfico y los puntos de esa misma conducta no se suman a la pena: el expediente se archiva. Lo que sí queda es la pena del Código Penal, incluida la privación del derecho a conducir.
Cómo saber en qué vía estás
No hay que adivinarlo. Los papeles que te entregan en el control lo indican:
- un boletín de denuncia con una propuesta de sanción y un plazo para pagar o alegar apunta a la vía administrativa;
- un atestado, una citación para comparecer ante el juzgado de guardia o una detención apuntan a la vía penal.
Si tienes dudas, el texto del documento importa más que lo que se dijo de palabra. Guárdalo tal como te lo dieron.

2. Las tasas: cuánto alcohol permite la ley a cada conductor
El límite no es el mismo para todos. El artículo 20 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) distingue varios grupos, y la Ley de Seguridad Vial añadió en 2022 una regla propia para los menores de edad.
El límite general
Ningún conductor puede circular con más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o más de 0,25 miligramos por litro de aire espirado. El reglamento extiende esta prohibición a los conductores de bicicletas.
La norma fija las dos cifras en paralelo: 0,25 en aire y 0,5 en sangre. En los controles de carretera lo habitual es medir en aire, con etilómetros; la medición en sangre aparece sobre todo en los análisis de contraste o cuando el conductor ha sido trasladado a un centro sanitario.
Profesionales y conductores con menos de dos años de permiso
El límite baja a 0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire para dos grupos:
- quienes conducen vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, de viajeros de más de nueve plazas, de servicio público, de transporte escolar y de menores, de mercancías peligrosas, de servicio de urgencia o de transportes especiales;
- cualquier conductor durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que le habilita para conducir.
Este segundo grupo es el que más sorpresas da. Un conductor con el carné recién sacado puede superar el límite con una cantidad que a otro no le pondría en infracción.
Menores de edad: tasa cero
Desde la reforma introducida por la Ley 18/2021, con efectos de 21 de marzo de 2022, el artículo 14.1 de la Ley de Seguridad Vial establece que el conductor menor de edad no puede circular «en ningún caso» con una tasa superior a 0 gramos por litro en sangre o 0 miligramos por litro en aire.
Tabla resumen de límites administrativos
| Conductor | Límite en aire espirado | Límite en sangre | Norma |
|---|---|---|---|
| General (incluidas bicicletas) | 0,25 mg/l | 0,5 g/l | RGC, art. 20 |
| Profesionales (mercancías > 3.500 kg, viajeros > 9 plazas, servicio público, escolar, mercancías peligrosas, urgencias, especiales) | 0,15 mg/l | 0,3 g/l | RGC, art. 20 |
| Permiso o licencia con menos de dos años de antigüedad | 0,15 mg/l | 0,3 g/l | RGC, art. 20 |
| Menores de edad | 0 mg/l | 0 g/l | LSV, art. 14.1 |
El umbral penal es único
Frente a esa escala administrativa, el umbral objetivo del Código Penal es el mismo para todos: más de 0,60 mg/l en aire o más de 1,2 g/l en sangre. No baja para profesionales ni para noveles. Lo que sí puede ocurrir, como se explica más abajo, es que un conductor con una tasa inferior acabe en la vía penal por conducir bajo la influencia del alcohol.

3. Cuándo el positivo se queda en una multa
Si la tasa supera el límite que te corresponde pero no llega al umbral penal, y no hay nada más en el atestado que indique conducción bajo la influencia, lo normal es que el asunto se tramite como infracción administrativa muy grave.
La multa: 500 o 1.000 euros
El artículo 80.1 de la Ley de Seguridad Vial fija para las infracciones muy graves una multa de 500 euros. El apartado 2, letra a), eleva a 1.000 euros la sanción por conducir con tasas superiores a las reglamentarias en dos supuestos concretos:
- cuando el conductor ya había sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida;
- cuando circula con una tasa que supera el doble de la permitida.
Para un conductor general, el doble de la tasa permitida es 0,50 mg/l en aire. Para un profesional o un novel, es 0,30 mg/l. Hay que tener cuidado con este cálculo: por encima de 0,60 mg/l el asunto suele salir de la vía administrativa y entrar en la penal, de modo que la multa de 1.000 euros por tasa doble opera sobre todo en la franja que va del doble de tu límite hasta el umbral penal.
Los puntos del carné
El anexo II de la Ley de Seguridad Vial establece la pérdida de puntos para quien «sea sancionado en firme en vía administrativa»:
| Tasa en aire espirado | Conductor general | Profesionales y noveles | Puntos |
|---|---|---|---|
| Superior al límite y hasta 0,50 mg/l | Más de 0,25 hasta 0,50 | Más de 0,15 hasta 0,30 | 4 |
| Superior a 0,50 mg/l | Más de 0,50 | Más de 0,30 | 6 |
| Negarse a las pruebas | — | — | 6 |
Fíjate en la condición: los puntos se pierden cuando hay sanción firme en vía administrativa. Si el caso acaba en una condena penal, el artículo 85 ordena archivar el expediente administrativo, y la consecuencia sobre el permiso será la que imponga la sentencia penal, no la resta de puntos de ese expediente.
El pago con reducción del 50 %
El artículo 94 de la Ley de Seguridad Vial regula el procedimiento abreviado. Si pagas la multa en el acto o dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación, obtienes una reducción del 50 %, pero eso tiene consecuencias que conviene conocer antes:
- renuncias a presentar alegaciones; si las presentas, se tienen por no presentadas;
- el procedimiento termina el día del pago, sin resolución expresa;
- se agota la vía administrativa, y solo cabe recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa;
- la sanción es firme desde el pago y despliega efectos desde el día siguiente, incluida la pérdida de puntos.
La reducción no evita los puntos. El apartado g) del mismo artículo, que permite que la sanción no compute como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, solo se refiere a infracciones graves sin pérdida de puntos; la alcoholemia es muy grave y quita puntos.
Pagar con descuento puede ser razonable cuando no hay nada que discutir. Pero si hay algo dudoso en el control —una sola medición, falta de información sobre el contraste, una tasa justo en el límite—, conviene revisarlo antes de que corra el plazo, porque el pago cierra la puerta a las alegaciones.
Otras consecuencias inmediatas en vía administrativa
El artículo 25 del Reglamento General de Circulación permite al agente inmovilizar el vehículo cuando el resultado es positivo, salvo que pueda hacerse cargo de la conducción otra persona habilitada. La inmovilización se levanta en cuanto desaparece la causa o aparece otro conductor que ofrezca garantía suficiente, y los gastos de traslado y depósito corren a cargo del conductor. También puede inmovilizarse el vehículo si el conductor se niega a las pruebas.
4. Cuándo es delito: el artículo 379.2 del Código Penal
El artículo 379.2 contiene en realidad dos supuestos distintos dentro de la misma frase, y conviene leerlos por separado.
Primer supuesto: el umbral objetivo
«En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro».
Aquí la ley no exige demostrar que el alcohol influyera en la conducción. Basta con conducir por encima de esa cifra. Por eso se habla de un umbral objetivo: es la tasa, acreditada con las garantías que exige el procedimiento, la que sitúa el hecho en el Código Penal.
Dos precisiones importantes:
- el umbral se refiere a la tasa superior a 0,60. Una medición de exactamente 0,60 no lo supera;
- lo que cuenta es una tasa válidamente obtenida y documentada. Por eso el modo en que se hizo la prueba, la segunda medición, la información sobre el contraste y el contenido del atestado no son detalles formales: son lo que permite afirmar que esa cifra es la que corresponde.
Segundo supuesto: la conducción bajo la influencia
El mismo artículo castiga, con las mismas penas, a quien conduce «bajo la influencia» de bebidas alcohólicas. Este supuesto no tiene cifra. Puede darse con una tasa inferior a 0,60 cuando el alcohol ha afectado de forma apreciable a la capacidad de conducir. Lo desarrollamos en el apartado siguiente porque es donde más se discute.
Las penas
El artículo 379.2 remite a las penas del apartado 1. Son alternativas para la pena principal y acumulativa para la del carné:
- prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días; y
- en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
La multa penal no se parece a la de Tráfico. Funciona por el sistema de días-multa (artículo 50 del Código Penal): el juez fija primero la duración —aquí, de seis a doce meses, y cada mes se cuenta como treinta días— y después una cuota diaria de entre 2 y 400 euros, que debe calcular «exclusivamente» según la situación económica del condenado: patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares. Por eso dos personas con la misma condena pueden pagar cantidades muy distintas. El mismo artículo permite al tribunal, por causa justificada, autorizar el pago en plazos dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sentencia.
Y, a diferencia de la sanción administrativa, una condena penal deja antecedentes penales. Se pueden cancelar cuando se ha extinguido la responsabilidad y pasa el plazo que fija el artículo 136 del Código Penal sin volver a delinquir; esos plazos van de seis meses a diez años según la pena. Si ese es tu caso, en la página de cancelación de antecedentes penales explicamos cómo se pide.
Los plazos de cancelación
El artículo 136 del Código Penal fija los plazos que deben pasar sin volver a delinquir para cancelar los antecedentes:
| Pena impuesta | Plazo |
|---|---|
| Penas leves | 6 meses |
| Penas que no excedan de doce meses e impuestas por delitos imprudentes | 2 años |
| Restantes penas menos graves inferiores a tres años | 3 años |
| Restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años | 5 años |
| Penas graves | 10 años |
Los plazos empiezan a contar desde el día siguiente a aquel en que la pena quedó extinguida (artículo 136.2), no desde la fecha de la sentencia. Si la pena de prisión se suspendió, el cómputo tiene reglas propias. Por eso conviene comprobar en cada caso qué pena se impuso exactamente y cuándo se extinguió, antes de dar por hecho que los antecedentes ya «han caducado»: la cancelación hay que pedirla o comprobarla, y no conviene suponerla.
La rebaja en un grado del artículo 385 ter
El artículo 385 ter permite al juez, razonándolo en la sentencia, rebajar en un grado la pena de prisión en los delitos de los artículos 379, 383, 384 y 385, atendiendo a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. Es una facultad del tribunal, no un derecho automático, y se refiere a la pena de prisión. Su existencia muestra que el Código no trata igual todos los casos que encajan en el mismo artículo.
Cuando se suma la velocidad: la temeridad manifiesta
El artículo 380 castiga la conducción con temeridad manifiesta que pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, con prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de más de uno y hasta seis años. Su apartado 2 añade una regla específica: se reputa manifiestamente temeraria la conducción en la que concurren a la vez un exceso de velocidad de los previstos en el artículo 379.1 (más de 60 km/h sobre el límite en vía urbana u 80 km/h en interurbana) y una tasa de alcohol superior a la del umbral penal. Esa combinación, si además genera un peligro concreto para personas, sube el caso de escalón.
5. «Bajo la influencia»: cuando la cifra no lo explica todo
El segundo supuesto del artículo 379.2 no tiene número. Castiga a quien conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y por eso permite que haya delito con una tasa inferior a 0,60 mg/l. También funciona al revés: tener una tasa por debajo del umbral objetivo no garantiza que el asunto vaya a quedarse en la vía administrativa.
Qué significa en la práctica
La pregunta jurídica deja de ser «¿cuánto has dado?» y pasa a ser «¿afectó el alcohol a tu forma de conducir?». Para responderla no basta la cifra del etilómetro; importan los hechos: cómo se conducía cuando intervinieron los agentes, por qué te pararon, qué apreciaron y cómo lo dejaron por escrito.
El propio Reglamento General de Circulación da pistas de que la ley no piensa solo en números. Su artículo 23.1 obliga a hacer una segunda prueba no solo cuando se supera la tasa, sino también cuando, «aún sin alcanzar estos límites», la persona presenta «síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas». Y su artículo 24 obliga al agente a extender diligencias cuando el conductor presenta esos síntomas evidentes o aparece implicado en una conducta presuntamente delictiva, aunque la tasa no sea alta.
Por qué el atestado pesa tanto
En estos casos el atestado es la pieza central. Ahí se recoge el motivo de la intervención (un control preventivo, una maniobra, un accidente), la descripción de la conducción y del estado del conductor, las pruebas realizadas y lo que se informó al interesado. Si la acusación se apoya en la influencia, esa descripción tiene que ser concreta y coherente con el resto de lo que consta.
No es lo mismo un control rutinario en el que el único dato es una tasa moderada que un atestado que describe una conducción errática o un accidente. Con la misma cifra, el análisis jurídico puede ser muy distinto. Por eso, cuando la tasa está por debajo de 0,60 y aun así hay una citación penal, lo primero es leer con atención qué se describe y en qué se basa la acusación.
Lo que no conviene hacer
No conviene construir explicaciones a posteriori ni comentar los hechos en redes o mensajes. Lo útil es conservar los documentos, anotar con calma lo que recuerdes —horario, trayecto, qué comiste o bebiste, si hubo testigos— y llevarlo a la consulta. La defensa se construye sobre lo que puede acreditarse, no sobre la versión más cómoda.
6. El control paso a paso: lo que dice el Reglamento
Muchos expedientes se deciden en los diez o quince minutos del control. Conocer cómo debe desarrollarse ayuda a saber qué mirar después en los papeles.

Quién está obligado
La obligación de someterse a las pruebas alcanza a todos los conductores de vehículos y bicicletas (artículo 21 del Reglamento y 14.2 de la Ley de Seguridad Vial). También a los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente o hayan cometido una infracción.
Cuándo pueden pedirte la prueba
El mismo artículo 21 enumera a quién pueden someter a las pruebas los agentes encargados de la vigilancia del tráfico:
- a cualquier usuario de la vía o conductor implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación;
- a quien conduce con síntomas evidentes, manifestaciones o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hace bajo la influencia de bebidas alcohólicas;
- a los conductores denunciados por cometer alguna infracción del Reglamento;
- a quienes, conduciendo, sean requeridos dentro de los controles preventivos de alcoholemia ordenados por la autoridad.
El último supuesto explica algo que mucha gente pregunta: en un control preventivo no hace falta haber hecho nada raro para que te pidan soplar. Basta con estar conduciendo cuando te paran dentro de ese control. Lo que sí cambia según el supuesto es lo que luego consta en el atestado sobre el motivo de la intervención, y eso puede ser relevante si hay que discutir la conducción bajo la influencia.
La primera prueba
Las pruebas se hacen normalmente con etilómetros «oficialmente autorizados», que determinan de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica (artículo 22.1 del Reglamento). Si la persona tiene lesiones o una dolencia que impide hacerlas, decide el personal facultativo del centro sanitario al que sea evacuada (artículo 22.2).
La segunda prueba y los diez minutos
Si la primera prueba supera la tasa que corresponde, o si hay síntomas evidentes aunque no se supere, el agente debe hacer una segunda prueba por aire espirado, con un procedimiento similar al primero, y debe informarte antes (artículo 23.1). Además tiene que advertirte de tu derecho a controlar, por ti o por un acompañante o testigo, que entre la primera y la segunda prueba pasen al menos diez minutos (artículo 23.2).
Las alegaciones y el contraste
El agente debe informarte también de tu derecho a formular las alegaciones u observaciones que quieras, que se recogen por diligencia, y de tu derecho a contrastar el resultado con análisis de sangre, orina u otros análogos que decida el personal sanitario (artículo 23.3). La Ley de Seguridad Vial precisa que la prueba de contraste consistirá preferentemente en un análisis de sangre, salvo causas excepcionales justificadas (artículo 14.5).
Si eliges el contraste, el agente organiza el traslado al centro sanitario más próximo. El importe del análisis lo depositas antes; si el resultado es positivo, lo pagas tú; si es negativo, lo asume la Administración y se te devuelve el depósito (artículo 23.4 del Reglamento y 14.5 de la Ley).
Lo que el agente debe dejar escrito
Si la segunda prueba o el análisis dan positivo, o si hay síntomas evidentes o una conducta presuntamente delictiva, el artículo 24 obliga al agente a:
- describir con precisión, en el boletín o en el atestado, el procedimiento seguido para las pruebas e identificar el instrumento o instrumentos empleados;
- consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente la del derecho al contraste, y acreditar los análisis realizados en el centro sanitario;
- si los hechos pueden ser delito, conducir al interesado al juzgado que corresponda, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Si acabas en un centro sanitario
Tras un accidente, o cuando las lesiones impiden hacer la prueba de aire, la determinación del alcohol puede hacerse en un hospital o centro de salud. El artículo 22.2 del Reglamento deja la decisión sobre las pruebas que procedan al personal facultativo del centro al que sea evacuada la persona.
El artículo 26.1 añade que el personal sanitario está obligado, en todo caso, a obtener las muestras, remitirlas al laboratorio correspondiente y comunicar el resultado a la autoridad judicial, a la Jefatura de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales. Entre los datos que debe comunicar figuran el sistema empleado, la hora exacta en que se tomó la muestra, el método de conservación y el porcentaje de alcohol en sangre.
Esos datos no son un detalle técnico menor. El alcohol en sangre cambia con el tiempo, y saber cuándo se tomó la muestra y cómo se conservó forma parte de lo que da fiabilidad al resultado. Si en tu caso hubo extracción de sangre, conviene que el abogado vea esa documentación.
Por qué todo esto importa después
Estas reglas no son trámites decorativos. Son las garantías que permiten afirmar que la cifra que figura en el expediente es fiable. Cuando un abogado revisa un caso de alcoholemia, una de las primeras cosas que hace es comprobar si consta la segunda prueba, si pasó el tiempo mínimo, si se informó del contraste, qué etilómetro se usó y si todo eso está recogido en el documento. No siempre habrá algo que discutir; pero si lo hay, suele estar ahí.
7. Negarse a soplar: un delito distinto
Hay una idea muy extendida que conviene desmontar: que negarse a la prueba es una forma de «no declarar» y que, sin cifra, no hay caso. Es justo al revés.
Qué dice el Código Penal
El artículo 383 castiga al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se niega a someterse a las pruebas legalmente establecidas para comprobar las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas, con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de más de uno y hasta cuatro años. Es un delito autónomo: no depende de que se demuestre que habías bebido.
Si te comparas con el delito del artículo 379.2, la negativa lleva una pena de prisión más alta y no prevé la alternativa de la multa o de los trabajos en beneficio de la comunidad. Negarse puede salir bastante más caro que soplar.
Y en vía administrativa
Cuando no llega a delito, incumplir la obligación de someterse a las pruebas es una infracción muy grave (artículo 77 d de la Ley de Seguridad Vial), sancionada con 1.000 euros (artículo 80.2 a) y con la pérdida de 6 puntos (anexo II). El agente puede además inmovilizar el vehículo (artículo 25.2 del Reglamento).
Por qué no es lo mismo que guardar silencio
La persona detenida tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable (artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Pero someterse a una prueba de alcoholemia no es declarar: es una obligación legal específica de quien conduce. Son dos planos distintos y el Código Penal los trata de forma distinta.
Si en un control no tienes claro qué se te pide o por qué, lo razonable es preguntar al agente, pedir que conste en diligencia lo que quieras alegar y buscar asistencia letrada cuanto antes. Lo que no conviene es decidir en el momento que «mejor no soplo» pensando que así se evita el problema.
8. El juicio rápido y la conformidad
Una parte importante de los casos penales de alcoholemia se tramita por el procedimiento de enjuiciamiento rápido. Es un procedimiento distinto al ordinario, con plazos muy cortos, y conviene saber cómo funciona antes de llegar al juzgado de guardia.
Cuándo se aplica
El artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el juicio rápido para delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, o con otras penas de duración no superior a diez años, siempre que el proceso empiece por un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a la persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia o, sin detenerla, la haya citado para comparecer ante él. Entre las circunstancias que permiten usarlo, el propio artículo menciona expresamente los delitos contra la seguridad del tráfico (apartado 1, circunstancia 2.ª, letra e).
En la práctica, esto explica por qué, tras un positivo alto, es frecuente recibir en el mismo control una citación para comparecer en el juzgado de guardia en una fecha muy próxima.
Qué es la conformidad
La conformidad es la aceptación por el acusado de la acusación del fiscal. En el juicio rápido, el artículo 801 permite prestarla ante el propio juzgado de guardia, que dicta sentencia en ese momento. Exige, entre otros requisitos:
- que no se haya constituido acusación particular y que el fiscal haya pedido la apertura del juicio oral y presentado en el acto su escrito de acusación;
- que el delito esté castigado con pena de hasta tres años de prisión, con multa de cualquier cuantía o con otra pena de duración no superior a diez años;
- que, si se pide prisión, la pena solicitada, reducida en un tercio, no supere los dos años.
Si hay acusador particular, el apartado 5 del mismo artículo permite al acusado conformarse, en su escrito de defensa, con la más grave de las acusaciones.
El tercio de rebaja
Lo que hace atractiva la conformidad es que el juez impone la pena solicitada reducida en un tercio, «aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal» (artículo 801.2). Si el fiscal y las partes renuncian a recurrir, la sentencia se declara firme en el acto, y el juez resuelve allí mismo sobre la suspensión o sustitución de la pena de prisión, si la hay. Para suspenderla basta el compromiso de pagar la responsabilidad civil en el plazo que fije el juzgado (artículo 801.3).
Lo que hay que mirar antes de aceptar
La conformidad es una condena. Aceptarla significa admitir los hechos de la acusación y salir del juzgado con una sentencia firme y con antecedentes penales. Antes de decir que sí, conviene tener claro, con el abogado delante:
- qué hechos se admiten exactamente y si coinciden con lo que ocurrió;
- qué pena queda tras la rebaja y, en particular, cuánto tiempo sin carné;
- si hay algo en el control o en el atestado que merezca discutirse en un juicio;
- qué consecuencias prácticas tiene: trabajo, desplazamientos, seguros, responsabilidad civil si hubo daños.
Aceptar puede ser la mejor salida en muchos casos. Pero es una decisión que se toma una vez, deprisa y en un pasillo, y conviene tomarla sabiendo qué se firma. En la página de juicios rápidos explicamos cómo trabajamos en el juzgado de guardia.
9. El carné: retirada, pérdida de vigencia y puntos
Para la mayoría de las personas, lo que más preocupa de una alcoholemia no es la multa, sino quedarse sin conducir. Las reglas cambian según la vía.
En vía penal: privación del derecho a conducir
Si hay condena por el artículo 379.2, el Código Penal impone en cualquier caso la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por más de un año y hasta cuatro. Si la condena es por negarse a las pruebas (artículo 383), la horquilla es la misma.
Durante ese tiempo no puedes conducir ningún vehículo a motor ni ciclomotor (artículo 47 del Código Penal).
Cuando la privación supera los dos años
El artículo 47 añade una consecuencia que muchos desconocen: si la privación se impone por más de dos años, comporta la pérdida de vigencia del permiso. No basta con esperar a que pase el tiempo; habrá que seguir el procedimiento administrativo previsto para volver a obtener la autorización para conducir.
Conducir con el carné retirado es otro delito
El artículo 384 castiga con prisión de tres a seis meses, o multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, a quien conduce tras haber sido privado del permiso por decisión judicial, cautelar o definitiva. También a quien conduce con el permiso sin vigencia por pérdida total de puntos y a quien nunca lo obtuvo. Es un error caro pensar que «para un trayecto corto no pasa nada».
En vía administrativa: los puntos
Si el caso se queda en la vía administrativa, la consecuencia sobre el permiso es la pérdida de 4 o 6 puntos según la tasa (anexo II de la Ley de Seguridad Vial), una vez que la sanción es firme. Si con ello se agotan todos los puntos, el permiso pierde su vigencia por esa vía.
Lo que no se suma
Si hay condena penal, el expediente administrativo por los mismos hechos se archiva (artículo 85.2 de la Ley de Seguridad Vial). No se suman la multa de Tráfico, los puntos de ese expediente y la pena: rige la sentencia penal.
10. Si además hay accidente, heridos o velocidad
Un positivo en un control preventivo no es lo mismo que un positivo tras un accidente. Cuando hay daños, heridos o una conducción especialmente peligrosa, entran en juego otras reglas.
Accidente con heridos o fallecidos
Si en un procedimiento de Tráfico se produce un accidente con resultado de lesión o muerte, la autoridad administrativa debe ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial con el atestado (artículo 85.1 de la Ley de Seguridad Vial). Además, todos los usuarios de la vía implicados en un accidente están obligados a someterse a las pruebas (artículo 14.2).
El artículo 382: cuando al riesgo se suma un resultado
Si con la conducción bajo los efectos del alcohol (artículo 379), la temeraria (380) o la de manifiesto desprecio por la vida de los demás (381) se causa además un resultado lesivo que sea delito, el artículo 382 ordena apreciar solo la infracción más gravemente penada, imponer la pena en su mitad superior y condenar en todo caso a reparar la responsabilidad civil. Es decir: el resultado (unas lesiones, por ejemplo) y el delito de riesgo no se castigan por separado como si fueran dos hechos independientes, pero la pena se agrava y la indemnización a las víctimas siempre forma parte de la condena.
La combinación con velocidad
Como se ha visto, el artículo 380.2 considera manifiestamente temeraria la conducción en la que concurren un exceso de velocidad de los del artículo 379.1 y una tasa superior al umbral penal. Si además se pone en peligro concreto a otras personas, el caso pasa a la conducción temeraria, con prisión de seis meses a dos años y privación del permiso de más de uno y hasta seis años. Sobre esta figura hay más información en la página de conducción temeraria.
11. Drogas, bicicletas y otros casos particulares
Las drogas siguen la misma lógica, con otra prueba
El artículo 379.2 del Código Penal no habla solo de alcohol. Castiga con las mismas penas la conducción bajo la influencia de «drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas». A diferencia del alcohol, para las drogas no hay una cifra objetiva que convierta automáticamente el hecho en delito: la vía penal exige acreditar la influencia en la conducción.
En vía administrativa la regla es más estricta. El artículo 14.1 de la Ley de Seguridad Vial prohíbe conducir con presencia de drogas en el organismo, sin exigir influencia. Quedan fuera las sustancias tomadas bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de conducir con la diligencia que exige la ley. La infracción es muy grave (artículo 77 c), con 1.000 euros de multa (artículo 80.2 a) y la pérdida de 6 puntos (anexo II).
La prueba también es distinta: un test salival con un dispositivo autorizado y un análisis posterior de una muestra de saliva en cantidad suficiente (artículo 14.3). Si hay razones justificadas que impiden hacerla, se puede ordenar un reconocimiento médico o los análisis clínicos que los facultativos consideren adecuados. Y el derecho a una prueba de contraste, preferentemente de sangre, existe también para las drogas (artículo 14.5).
Bicicletas: obligadas a la tasa, fuera del delito del 379
El Reglamento aplica a los ciclistas la misma tasa general que al resto (0,25 mg/l en aire) y la misma obligación de someterse a las pruebas (artículos 20 y 21). Pero el artículo 379 del Código Penal habla de conducir «un vehículo de motor o un ciclomotor». Una bicicleta convencional no es ninguna de las dos cosas, de modo que un positivo en bicicleta se mueve en el terreno administrativo. Si hay accidente con heridos, entran en juego otras normas, y conviene analizarlo aparte.
Profesionales: el mismo control, más en juego
Para un conductor profesional, la tasa reducida de 0,15 mg/l significa que una cantidad modesta de alcohol ya puede suponer una infracción muy grave. Y si el caso llega a la vía penal, la privación del derecho a conducir de más de un año afecta directamente al trabajo. Es uno de los perfiles en los que más conviene revisar el expediente antes de pagar o de aceptar una conformidad, porque el coste real va mucho más allá de la multa.
Conductores noveles
Durante los dos primeros años de permiso rige el mismo límite de 0,15 mg/l. El Reglamento precisa cómo se cuenta la antigüedad: solo se computa la de la licencia cuando se trata de conducir vehículos para los que basta esa licencia. Una pérdida de 4 o 6 puntos en esa etapa pesa más que en la de un conductor veterano, porque se parte de un saldo menor.
Qué se revisa en un expediente de alcoholemia
Cuando llega un caso de alcoholemia, la revisión sigue un orden bastante estable. No todos los puntos darán algo que discutir, pero todos se miran, porque el resultado depende de que el conjunto sea coherente.
- La vía. Si hay boletín con plazo de pago, citación al juzgado de guardia o ambos, y qué norma se aplica en cada documento.
- Las cifras. Las dos mediciones, la hora de cada una y el tiempo transcurrido entre ellas, comparadas con el límite que corresponde a ese conductor: general, profesional, novel o menor.
- El instrumento. Qué etilómetro se utilizó y si consta identificado, como exige el artículo 24 del Reglamento.
- Las advertencias. Si se informó de la segunda prueba, del derecho a controlar los diez minutos y del derecho al análisis de contraste, y si eso quedó por escrito.
- El motivo de la intervención. Control preventivo, infracción previa, síntomas o accidente. Cambia el contexto y, a veces, el peso del atestado.
- La descripción de la conducción. Si la acusación se apoya en la influencia, qué hechos concretos se describen y si encajan con el resto de la documentación.
- Las consecuencias reales. Qué pena o sanción es previsible, cuánto tiempo sin carné, si hay responsabilidad civil y cómo afecta al trabajo y a los desplazamientos.
Con ese mapa delante, la decisión de pagar, alegar, conformarse o ir a juicio se toma con información y no por la presión del momento.
Los errores que más se repiten
Después de muchas consultas sobre alcoholemia, hay equivocaciones que vemos una y otra vez. Ninguna es grave por sí sola; juntas, pueden empeorar mucho un caso que tenía margen.
Pagar la multa sin leerla. El descuento del 50 % es tentador, pero pagar significa renunciar a alegar. Si había algo que revisar, ya no se puede discutir en vía administrativa.
Pensar que una tasa baja garantiza la multa. Con 0,40 o 0,50 puede haber causa penal si el atestado describe conducción bajo la influencia. No conviene relajarse por la cifra.
Pensar que una tasa alta lo decide todo. Al contrario: precisamente cuando la tasa es alta conviene revisar con más cuidado cómo se obtuvo. La cifra tiene que estar bien documentada para sostener una condena.
Negarse a la prueba. Es un delito con pena de prisión más alta que la del propio delito de alcoholemia. No es una estrategia de defensa.
Aceptar la conformidad sin entender qué queda. El tercio de rebaja es real, pero lo que se acepta es una condena con antecedentes y un periodo sin carné. Hay que saber cuánto antes de firmar.
Conducir con el carné retirado. Ocurre más de lo que parece, sobre todo cuando la privación empieza a contar y la persona no se ha dado cuenta. Es un delito nuevo.
Guardar mal los papeles. El boletín, el ticket del etilómetro, la citación y cualquier diligencia son la base de la defensa. Perderlos o tirarlos complica todo lo demás.
Dos ejemplos para entenderlo
Los dos casos siguientes son ejemplos ilustrativos construidos para este artículo, no casos reales del despacho. Sirven para ver cómo cambia el análisis con los mismos elementos.
Ejemplo A: tasa moderada en un control preventivo. Un conductor con el permiso desde hace diez años es parado en un control rutinario. La primera prueba da 0,38 mg/l y la segunda, a los doce minutos, 0,36. El atestado no describe ninguna maniobra extraña y el conductor no presenta síntomas evidentes. Lo esperable es una infracción administrativa muy grave: 500 euros y 4 puntos, con la posibilidad de pagar la mitad en veinte días si no hay nada que alegar. No es delito por la cifra, y nada en los hechos apunta a la influencia.
Ejemplo B: tasa similar tras un golpe. Otra conductora da 0,42 y 0,40, pero la paran después de que su coche golpee a un vehículo aparcado, y el atestado describe una conducción irregular y otros signos que los agentes atribuyen al alcohol. Aquí la tasa está por debajo de 0,60, pero el atestado abre la puerta a una acusación por conducción bajo la influencia. La defensa tendrá que examinar con detalle qué se describe, en qué se apoya y si es coherente con el resto de pruebas.
La diferencia entre ambos no está en la cifra, sino en lo que la rodea.
Qué hacer en las primeras 48 horas
Si acabas de pasar por un control y tienes un positivo, esta lista ayuda a no perder nada importante. No sustituye la revisión de un abogado.
- Guarda todos los documentos tal como te los entregaron: boletín de denuncia, ticket o tickets del etilómetro, citación, atestado o diligencias.
- Mira qué tipo de documento es. Si es una citación para el juzgado de guardia, la vía es penal y hay fecha próxima; si es un boletín con plazo de pago, es administrativa.
- Comprueba las dos mediciones y la hora de cada una. Anota si se te informó del derecho al análisis de contraste.
- Apunta lo que recuerdes mientras está fresco: por qué te pararon, el trayecto, quién te acompañaba, si hubo testigos.
- No pagues ni firmes una conformidad sin entender las consecuencias.
- No conduzcas si el juzgado ha acordado una privación cautelar del permiso.
- Pide asesoramiento con los papeles delante, especialmente si hay citación para el juzgado de guardia.
Glosario básico
Etilómetro. Aparato autorizado que mide el alcohol en el aire espirado. La cifra que importa es la de la segunda prueba.
Tasa en aire y tasa en sangre. Dos formas de medir lo mismo. La ley las fija en paralelo: 0,25 mg/l en aire y 0,5 g/l en sangre a efectos administrativos; 0,60 en aire y 1,2 en sangre a efectos penales.
Boletín de denuncia. Documento con el que se inicia el expediente sancionador de Tráfico. Indica la infracción, la sanción y el plazo para pagar o alegar.
Atestado. Documento policial que recoge los hechos, las pruebas y las diligencias cuando puede haber delito. Es la base del procedimiento penal.
Juzgado de guardia. El juzgado que atiende cada día los asuntos urgentes. En los juicios rápidos, buena parte del procedimiento se hace allí.
Conformidad. Aceptación de la acusación del fiscal a cambio de que se imponga la pena reducida en un tercio. Supone una condena firme.
Días-multa. Sistema de cálculo de la multa penal: un número de días por una cuota diaria fijada según la situación económica.
Privación del derecho a conducir. Pena que impide conducir vehículos a motor y ciclomotores durante el tiempo fijado. Si supera los dos años, el permiso pierde su vigencia.
Prueba de contraste. Análisis de sangre, orina u otro análogo que el conductor puede pedir para contrastar el resultado del etilómetro.
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué tasa la alcoholemia es delito?
Es delito, en todo caso, conducir con más de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o más de 1,2 gramos por litro de sangre (artículo 379.2 del Código Penal). También puede serlo con una tasa menor si se conduce bajo la influencia del alcohol, lo que dependerá de los hechos que se acrediten.
Si doy 0,40, ¿pueden acusarme de un delito?
Sí, si además hay indicios de que el alcohol afectó a tu conducción: una conducción irregular, un accidente o síntomas evidentes recogidos en el atestado. Si solo consta la tasa en un control rutinario, lo habitual es que se tramite como infracción administrativa.
¿Cuánto es la multa por alcoholemia?
En vía administrativa, 500 euros como regla general. Sube a 1.000 euros si la tasa supera el doble de la permitida o si ya fuiste sancionado por alcohol en el año anterior (artículo 80 de la Ley de Seguridad Vial). Si pagas en veinte días naturales tienes un 50 % de descuento, pero renuncias a alegar.
¿Cuántos puntos se pierden?
Cuatro puntos con una tasa superior al límite y hasta 0,50 mg/l (hasta 0,30 en profesionales y noveles), y seis por encima de esa cifra. Negarse a las pruebas también quita seis puntos. Los puntos se pierden con la sanción administrativa firme.
¿Qué pasa si me niego a hacer la prueba?
Es un delito del artículo 383 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de más de uno y hasta cuatro años. En vía administrativa, si no llega a delito, son 1.000 euros y seis puntos.
¿Puedo pedir un análisis de sangre?
Sí. Tienes derecho a contrastar el resultado del aire espirado mediante análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 23.3 del Reglamento General de Circulación), preferentemente de sangre según la Ley de Seguridad Vial. Depositas el importe antes; si da positivo, lo pagas; si da negativo, se te devuelve.
¿Me retirarán el carné?
Si hay condena penal, sí: la privación del derecho a conducir es obligatoria y va de más de un año a cuatro. Si supera los dos años, el permiso pierde su vigencia (artículo 47 del Código Penal). En vía administrativa no hay retirada, pero pierdes cuatro o seis puntos.
¿Me conviene aceptar la conformidad en el juicio rápido?
Depende del caso. La conformidad reduce en un tercio la pena que pide el fiscal, pero supone aceptar una condena con antecedentes y el periodo sin carné que resulte. Antes de aceptarla conviene revisar con un abogado si hay algo discutible en el control o en el atestado.
¿Necesitas ayuda con una alcoholemia?
Si tienes una citación para el juzgado de guardia, un boletín de denuncia o dudas sobre qué hacer, en Legality Abogados revisamos tu caso con los papeles delante. Puedes ver cómo trabajamos en abogado de alcoholemia en Madrid y, si el asunto es urgente, en urgencias penales 24 horas.
Fuentes
Normativa consultada en el BOE (texto consolidado vigente) el 7 de noviembre de 2026:
- Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), artículos 47, 50, 136, 379, 380, 382, 383, 384 y 385 ter.
- Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015), artículos 14, 77, 80, 85 y 94 y anexo II.
- Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003), artículos 20 a 26.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 520, 795 y 801.
Este artículo ofrece información general sobre la normativa española y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto. Cada procedimiento depende de sus hechos y de su documentación. Contenido redactado por el equipo de Legality Abogados; revisión profesional pendiente antes de su publicación.