1. Marco normativo de la extradición en España

La extradición en España se regula principalmente por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, que establece que solo es posible conceder la extradición entre España y otro Estado cuando exista un tratado bilateral o multilateral —como una convención internacional— o mediante el principio de reciprocidad inexplícitamente reconocido en la normativa.

En particular, el procedimiento exige que el delito por el que se solicita extradición esté penado tanto en España como en el Estado solicitante (doble incriminación) y excluye, entre otros, delitos militares, políticos o de prensa (a menos que estén expresamente exceptuados, como actos terroristas o crímenes de lesa humanidad.

Además, España es parte de la Convención Europea de Extradición (1957), que regula la cooperación extradicional entre Estados miembros del Consejo de Europa 

  1. Procedimiento judicial y garantías

El proceso de extradición se inicia mediante una solicitud formal que puede llegar vía diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores) o directamente al Ministerio de Justicia. Este último emite un informe que se eleva al gobierno central, el cual decide si continúa el procedimiento

Si se autoriza, el caso pasa al ámbito judicial, generalmente a un juez, que examina la petición durante una comparecencia en la que el reclamado puede declararse conforme o plantear oposición. Es obligado que esté asistido por un abogado penalista extradición, quien asiste en la defensa, explica derechos y evalúa riesgos legales o de fondo 

  1. Jurisprudencia relevante

3.1 Auto de la Audiencia Nacional (febrero de 2025)

El Auto Penal 66/2025 de la Audiencia Nacional confirma que la extradición entre España y Marruecos se rige por el tratado bilateral de 2009 y la Ley 4/1985. El caso se rechazó parcialmente porque no se cumplía con la doble incriminación respecto al delito de abandono irregular del territorio, pues no constituía delito en la legislación española 

3.2 Sentencia del TC sobre expulsión retroactiva (mayo de 2025)

El Tribunal Constitucional anuló una expulsión sustitutiva de una pena de prisión aplicada retroactivamente mediante una ley posterior desfavorable, lo cual vulneraba el principio de legalidad penal y de irretroactividad (Noticias Jurídicas).

3.3 Doctrina del Tribunal Supremo sobre expulsiones administrativas

El Tribunal Supremo estableció que solo procede una expulsión administrativa cuando el delito conlleva una pena mínima superior a un año de prisión, según la LOEX (El Derecho). Si bien no trata directamente la extradición, esta doctrina muestra la sensibilidad de los tribunales ante la proporción de la pena y el respeto a derechos fundamentales.

3.4 Naturaleza soberana del acto de extradición

Por resolución ROJ AAN 3150/2024, la Audiencia Nacional enfatiza que la extradición es un acto de soberanía y política exterior. En el caso descrito, el hecho era punible en España y no se consideró desproporcionada la entrega del reclamado (Poder Judicial).

3.5 Extradición y derechos humanos en el ámbito europeo

El Caso Carvajal Barrios ante el TEDH fue declarado inadmisible porque el recurrente no demostró riesgo real de cadena perpetua sin libertad condicional si era extraditado a Estados Unidos 

Panorama actual y casos recientes

  • Junio 2025: El Tribunal Supremo confirmó la extradición de William Jofre Alcívar Bautista a Ecuador, condicionado a garantías de protección personal, ante el riesgo en el sistema penitenciario ecuatoriano .
  1. Papel del abogado penalista extradición

En cada etapa —desde la recepción de la solicitud, comparecencia judicial, hasta potencial apelación o recurso al TEDH— el abogado penalista extradición desempeña un papel esencial:

  • Garantiza que el reclamado entienda sus derechos y explore vías de defensa legal.
  • Identifica elementos como posibles violaciones de derechos humanos, falta de doble incriminación, riesgos penitenciarios, retroactividad de normas penales desfavorables, proporcionalidad o garantías de un juicio justo.
  • Puede asesorar sobre acciones complementarias, como solicitud de medidas cautelares, recursos ante tribunales supranacionales o exigencia de garantías del Estado requirente.
  1. Conclusión

La extradición en España es un proceso donde confluyen el derecho nacional, la cooperación internacional, y la protección de derechos fundamentales. La normativa (Ley 4/1985), los tratados internacionales y la jurisprudencia (Autos de la Audiencia Nacional, sentencias del TC, del TS y del TEDH) conforman un entramado jurídico sólido con controles procedimentales y sustantivos.

En este contexto, la figura del abogado penalista extradición es clave para asegurar que el acusado tenga una defensa efectiva, que se respeten sus garantías procesales y que los tribunales evalúen cuidadosamente los requisitos legales, evitando decisiones arbitrarias o violaciones de derechos.

Perfecto. Aquí tienes una ampliación del artículo centrada en tres aspectos clave, como pediste:

  1. Procedimiento detallado bajo la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)
  2. Actuación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
  3. Control del Tribunal Constitucional en materia de extradición

 

  1. Procedimiento de extradición según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

Aunque la Ley 4/1985 regula la extradición pasiva, la LECrim contiene disposiciones procesales supletorias. El artículo 824 y siguientes desarrollan el trámite judicial, especialmente si se trata de detención previa a la solicitud formal (extradición provisional). El juez central de instrucción de la Audiencia Nacional puede ordenar prisión provisional si el reclamado representa riesgo de fuga.

Tras la recepción de la solicitud formal, la causa se remite a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que convoca una vista oral, donde deben comparecer el Ministerio Fiscal, el representante del Estado requirente y el reclamado asistido obligatoriamente por un abogado penalista extradición.

El abogado penalista extradición podrá plantear excepciones procesales (como defectos de forma, falta de motivación), así como argumentos sustantivos: violación de derechos fundamentales, persecución política, falta de garantías judiciales o inadecuación entre la pena y el orden público español.

Además, se admite la extradición simplificada si el detenido la consiente expresamente, hecho que debe ser ratificado ante la autoridad judicial. En esos casos, el procedimiento puede resolverse en cuestión de semanas.

  1. Recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Cuando el Estado español decide conceder la extradición, el reclamado puede acudir al TEDH para solicitar la aplicación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

Un ejemplo claro lo constituye la jurisprudencia del caso Soering v. United Kingdom (1989), donde se denegó la extradición a EE. UU. por riesgo de pena de muerte. España ha aplicado esta doctrina, exigiendo a los Estados solicitantes garantías diplomáticas si existe riesgo real para la integridad del reclamado.

El papel del abogado penalista extradición en esta fase es esencial: debe presentar una demanda ante el TEDH, argumentar la violación potencial de derechos y solicitar medidas cautelares bajo el artículo 39 del Reglamento del Tribunal, que pueden suspender la extradición mientras se estudia el fondo del caso.

Ejemplo reciente: En 2021, el TEDH aplicó dichas medidas contra España en el caso de un activista argelino reclamado por su país, debido a riesgo de tortura en prisión. El abogado penalista extradición pudo acreditar, con informes de ONG y organismos internacionales, las condiciones penitenciarias degradantes.

  1. Control del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha intervenido en múltiples ocasiones para revisar decisiones judiciales o administrativas que implican entrega o expulsión de personas extranjeras. Aunque la extradición es formalmente una materia político-administrativa, el TC ha dejado claro que está sujeta a control jurisdiccional cuando se alegan violaciones de derechos fundamentales.

En estos casos, el recurso de amparo puede interponerse después de agotar la vía judicial (normalmente ante la Audiencia Nacional o el Supremo). El abogado penalista extradición debe demostrar una vulneración de derechos recogidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución Española, especialmente:

  • Art. 24 (derecho a la tutela judicial efectiva y defensa)
  • Art. 15 (integridad física y moral)
  • Art. 14 (igualdad ante la ley)
  • Art. 25.1 (principio de legalidad penal)

Ejemplo importante: STC 78/2025, donde el TC anuló una extradición por falta de motivación judicial suficiente respecto al principio de proporcionalidad de la pena. El tribunal consideró que la pena de 25 años en el país requirente, sin posibilidad de revisión o libertad condicional, era desproporcionada para un delito de robo sin violencia.

El éxito en este tipo de recursos depende en gran medida de la preparación estratégica del abogado penalista extradición, que debe plantear alegaciones sólidas, reunir jurisprudencia nacional e internacional y argumentar la inconstitucionalidad de la entrega por razones de fondo o forma.

Casos recientes relevantes en España:

 

  • Caso Mehrez Ayari: fue extraditado tras ser considerado autor del intento de asesinato a Alejo Vidal-Quadras. El traslado requirió fuerte custodia y resolvió demoras por causas pendientes en Francia 

  • Caso William Jofre Alcivar Bautista («Comandante Willy»): Inglaterra aprobó su extradición a Ecuador por terrorismo, extorsión y atentados, condicionada a garantías de su seguridad en prisión 

  • Relación con China: desde 2023, España sigue autorizando extradiciones a China bajo evaluación caso por caso, a pesar de críticas por condiciones penitenciarias; otros países europeos las han suspendido 

 

  1. Reflexión final

La extradición en España combina elementos judiciales, administrativos y diplomáticos. Aunque los tratados y leyes ofrecen un marco objetivo, su aplicación está llena de matices que exigen una defensa técnica y especializada.

Por ello, el abogado penalista extradición no solo actúa como defensor en un proceso penal, sino como garante de derechos fundamentales ante tribunales nacionales y supranacionales. Su rol abarca desde el análisis jurídico de la solicitud, la estrategia procesal, la interlocución con el país requirente, hasta el recurso constitucional y la protección ante el TEDH.

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